COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Bogotá, Agosto 5 de 2008
Las organizaciones indígenas Wayuu de Manaure, Guajira, Sumain Ichi (Tierra de sal) dueños del territorio ancestral, Waya Wayuu (Nosotros Wayuu) explotadores artesanales de sal y Asocharma dueños de charcas particulares. Manifestamos que somos dueños y habitamos el territorio antes de la creación del mismo Estado, reclamamos al Gobierno Nacional indemnización por las afectaciones al territorio ya que la construcción del centro de producción de sal en Manaure cambió el esquema de vida social, espiritual, cultural y la libre locomoción en sus territorios ancestrales.
Después de tantas reclamaciones por parte de los Wayuu el gobierno aceptó y reconoció la legitimidad en la propiedad del territorio ancestral. El 27 de julio de 1991 se firmó un acuerdo entre la comunidad Wayuu y el Gobierno Nacional. Este Acuerdo consistía en la creación de una empresa de economía mixta con la participación de la comunidad Wayuu con un porcentaje del 25 % del capital de la sociedad, sin embargo en el año 1995 la Procuraduria Nacional instauró una acción de tutela contra el Gobierno Nacional por el incumplimiento sistemático del acuerdo del 27 de julio de 1991. El fallo favoreció a la comunidad Wayuu.
El Congreso Nacional autorizó al Presidente de la Republica con la ley 773 del 2002 la constitución de la empresa de economía mixta Sama Ltda. Con la participación accionaría de la asociación Sumain Ichi con un 25% del capital, y ordenaba en su articulo segundo la entrega real y material de los activos vinculados al contrato de administración delegada a los tres meses siguientes de su publicación( Hasta la fecha no se ha cumplido la ley), esta ley fue demandada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, la cual la por medio de la Sentencia C-620 del 2004 declaro exequible la ley y amplio la participación de las otras organizaciones indígenas Wayuu Waya y Asocharma, en el entendido que los beneficios deberían ser para toda la comunidad afectada y no para un solo sector.
El Ministerio de Desarrollo Industria y Turismo elevó la consulta al Consejo de Estado si el Gobierno Nacional podía ceder sus acciones a un privado ya que las organizaciones indígenas son de derechos privado, en la respuesta el consejo de estado conceptuó que a estas organizaciones indígenas le era totalmente legal ceder por estado nacional su participación accionaría ya que esta no se constituía en una mera liberidad si no que eran derechos adquiridos por los daños ocasionados al territorio ancestral por la construcción del entable industrial.( IFI salinas).
El 23 de diciembre de 2004 se suscribió la escritura de constitución de la empresa autorizada por la ley 733 SAMA LTDA. Bajo el numero135 de la notaria de Uribia. Y el Gobierno Nacional cedió sus derechos a la asociaciones indígenas así: Waya Wayuu 30% Asocharma 10% y Sumain Ichi 11% para un total de 51%. El restante 49% quedó distribuido en un 25 % Sumain Ichi y municipio de Manaure en un 24 %.
Esta escritura fue condicionada por el Gobierno Nacional a que únicamente los derechos de SAMA LTDA. Nacerían siempre y cuando se contratara un operador privado para fabricar, producir, explotar, transformar y comercializar las sales que se producen en Manaure, acreciéndole a SAMA LTDA, una contraprestación de no más del 6% de las utilidades de las ventas brutas anuales para el desarrollo social de las asociaciones indígenas socias de SAMA Ltda.
La negativa por parte de los socios de SAMA LTDA. Ha ocasionado la reacción del Gobierno Nacional (Ministerio de Minas y Comercio, Industria y Turismo) que de manera inconsulta e ilegal inscribió ante la Cámara de Comercio de Riohacha la escritura 1592 del 11 de octubre del 2007 Notaria 70 para quitarles las acciones a las asociaciones indígenas ( Sumain Ichi, Waya Wayuu y Asocharma) y de esta forma convocar una Junta Directiva, cambiar el Gerente que es Wayuu y abrir la licitación publica para la contratación de un operador privado, además han utilizado para este fin a la Súper Intendencia de Sociedades que convoque a Junta Directiva de SAMA Ltda. Valiéndose de su condición de superior jerárquico.
El Alcalde Humberto Martínez Fajardo dicho por las mismas autoridades ha intentado sobornar utilizando terceras personas y directamente ha intentado hacer cambiar la posición de las Autoridades Tradicionales Wayuu con respecto al Tribunal de Arbitramento que cursa ante la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya pretensión inicial obtener lo necesario para adecuar el centro de producción de Manaure en un 100% de su capacidad instalada ya que debido a la mala administración del IFI Concesión Salinas, está en total deterioro y hoy funciona solo en un 30 % de su capacidad instalada.
El traslado a Bogotá de las Autoridades Tradicionales indígenas tiene como fin denunciar los abusos y la intromisión en los asuntos internos de las organizaciones indígenas que hacen parte de la sociedad sama Ltda. esto podría culminar en un conflicto grave en clanes e inclusive entre miembros de las mismas familias que el señor alcalde utiliza para sobornar, manipular, extorsionar, presionar e inclusive amenazar si no hacen lo que él diga.
Acusamos de esta situación y reclamamos acciones inmediatas por partes de los organismos de control nacional, de la opinión publica, el parlamento y las instituciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales.
ELMER ALTAMAR GOMEZ
Coordinador Delegación Jefes Familiares
Cel. 3116722723 – e-mail elmeraltamar@yahoo.es
Bogotá, Agosto 5 de 2008
Las organizaciones indígenas Wayuu de Manaure, Guajira, Sumain Ichi (Tierra de sal) dueños del territorio ancestral, Waya Wayuu (Nosotros Wayuu) explotadores artesanales de sal y Asocharma dueños de charcas particulares. Manifestamos que somos dueños y habitamos el territorio antes de la creación del mismo Estado, reclamamos al Gobierno Nacional indemnización por las afectaciones al territorio ya que la construcción del centro de producción de sal en Manaure cambió el esquema de vida social, espiritual, cultural y la libre locomoción en sus territorios ancestrales.
Después de tantas reclamaciones por parte de los Wayuu el gobierno aceptó y reconoció la legitimidad en la propiedad del territorio ancestral. El 27 de julio de 1991 se firmó un acuerdo entre la comunidad Wayuu y el Gobierno Nacional. Este Acuerdo consistía en la creación de una empresa de economía mixta con la participación de la comunidad Wayuu con un porcentaje del 25 % del capital de la sociedad, sin embargo en el año 1995 la Procuraduria Nacional instauró una acción de tutela contra el Gobierno Nacional por el incumplimiento sistemático del acuerdo del 27 de julio de 1991. El fallo favoreció a la comunidad Wayuu.
El Congreso Nacional autorizó al Presidente de la Republica con la ley 773 del 2002 la constitución de la empresa de economía mixta Sama Ltda. Con la participación accionaría de la asociación Sumain Ichi con un 25% del capital, y ordenaba en su articulo segundo la entrega real y material de los activos vinculados al contrato de administración delegada a los tres meses siguientes de su publicación( Hasta la fecha no se ha cumplido la ley), esta ley fue demandada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, la cual la por medio de la Sentencia C-620 del 2004 declaro exequible la ley y amplio la participación de las otras organizaciones indígenas Wayuu Waya y Asocharma, en el entendido que los beneficios deberían ser para toda la comunidad afectada y no para un solo sector.
El Ministerio de Desarrollo Industria y Turismo elevó la consulta al Consejo de Estado si el Gobierno Nacional podía ceder sus acciones a un privado ya que las organizaciones indígenas son de derechos privado, en la respuesta el consejo de estado conceptuó que a estas organizaciones indígenas le era totalmente legal ceder por estado nacional su participación accionaría ya que esta no se constituía en una mera liberidad si no que eran derechos adquiridos por los daños ocasionados al territorio ancestral por la construcción del entable industrial.( IFI salinas).
El 23 de diciembre de 2004 se suscribió la escritura de constitución de la empresa autorizada por la ley 733 SAMA LTDA. Bajo el numero135 de la notaria de Uribia. Y el Gobierno Nacional cedió sus derechos a la asociaciones indígenas así: Waya Wayuu 30% Asocharma 10% y Sumain Ichi 11% para un total de 51%. El restante 49% quedó distribuido en un 25 % Sumain Ichi y municipio de Manaure en un 24 %.
Esta escritura fue condicionada por el Gobierno Nacional a que únicamente los derechos de SAMA LTDA. Nacerían siempre y cuando se contratara un operador privado para fabricar, producir, explotar, transformar y comercializar las sales que se producen en Manaure, acreciéndole a SAMA LTDA, una contraprestación de no más del 6% de las utilidades de las ventas brutas anuales para el desarrollo social de las asociaciones indígenas socias de SAMA Ltda.
La negativa por parte de los socios de SAMA LTDA. Ha ocasionado la reacción del Gobierno Nacional (Ministerio de Minas y Comercio, Industria y Turismo) que de manera inconsulta e ilegal inscribió ante la Cámara de Comercio de Riohacha la escritura 1592 del 11 de octubre del 2007 Notaria 70 para quitarles las acciones a las asociaciones indígenas ( Sumain Ichi, Waya Wayuu y Asocharma) y de esta forma convocar una Junta Directiva, cambiar el Gerente que es Wayuu y abrir la licitación publica para la contratación de un operador privado, además han utilizado para este fin a la Súper Intendencia de Sociedades que convoque a Junta Directiva de SAMA Ltda. Valiéndose de su condición de superior jerárquico.
El Alcalde Humberto Martínez Fajardo dicho por las mismas autoridades ha intentado sobornar utilizando terceras personas y directamente ha intentado hacer cambiar la posición de las Autoridades Tradicionales Wayuu con respecto al Tribunal de Arbitramento que cursa ante la Cámara de Comercio de Bogotá, cuya pretensión inicial obtener lo necesario para adecuar el centro de producción de Manaure en un 100% de su capacidad instalada ya que debido a la mala administración del IFI Concesión Salinas, está en total deterioro y hoy funciona solo en un 30 % de su capacidad instalada.
El traslado a Bogotá de las Autoridades Tradicionales indígenas tiene como fin denunciar los abusos y la intromisión en los asuntos internos de las organizaciones indígenas que hacen parte de la sociedad sama Ltda. esto podría culminar en un conflicto grave en clanes e inclusive entre miembros de las mismas familias que el señor alcalde utiliza para sobornar, manipular, extorsionar, presionar e inclusive amenazar si no hacen lo que él diga.
Acusamos de esta situación y reclamamos acciones inmediatas por partes de los organismos de control nacional, de la opinión publica, el parlamento y las instituciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales.
ELMER ALTAMAR GOMEZ
Coordinador Delegación Jefes Familiares
Cel. 3116722723 – e-mail elmeraltamar@yahoo.es
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario