Por: Alexánder Marín Correa - EL ESPECTADOR
Empleados y comunidad responsabilizan de la posible quiebra a los actuales encargados de la compañía que explota el mineral.
Fue la mayor productora de sal del país y está al borde de la ruina.
La preocupación embarga a los habitantes de Manaure (La Guajira) por la falta de producción de la salina. Piden intervención de las autoridades.
La sal ha sido por décadas la columna vertebral de la economía en el municipio de Manaure (La Guajira) y una especie de oro blanco del que los pobladores (indígenas o no) se han valido para levantar a sus familias. La descripción, hecha por un manaurero, no es gratuita. Hasta hace un par de años, de la sal que se consume en el país el 70% se producía en esta población guajira. Pero, según los habitantes, tras el cambio de administración no queda rastro de la gran compañía que fue. Por eso, en el pueblo ronda la zozobra y, según los más pesimistas, también la pobreza.
La explotación de sal estuvo
desde 1970 hasta 2004 en manos del Estado. Entonces el Gobierno le
entregó la empresa a tres asociaciones indígenas y a la Alcaldía, que
crearon una sociedad de economía mixta llamada Salinas de Manaure (Sama
Ltda.). La única condición para entregarles todos los activos, avaluados
en casi $100 mil millones, era contratar a un operador privado que
sacara adelante el negocio y mantuviera la producción, que para entonces
estaba cerca de las 500 mil toneladas anuales. Mientras cumplían,
estarían bajo la supervisión de un comité de vigilancia dirigido por el
Gobierno. La idea de la cesión era que las ganancias se destinaran a
satisfacer las necesidades de los wayúu de la zona.
Han pasado
ocho años desde que se creó Sama Ltda. y aún no ha sido contratado un
operador privado. Pese a que en varias ocasiones se ha iniciado el
proceso, las peleas internas entre los representantes de las
asociaciones indígenas (accionistas de la empresa) y el comité de
vigilancia lo han llevado al traste. Los efectos del enfrentamiento
saltan a la vista: en los últimos tres años la compañía no ha producido
un gramo de sal y se ha dedicado a comercializar las reservas que
quedaron de tiempos más prósperos. El año pasado vendieron apenas 136
mil toneladas.
El panorama actual, según los habitantes, es
devastador. Las charcas de producción están secas, desaparecieron las
gigantescas montañas de sal que alguna vez fueron atractivo turístico, y
dicen que los recursos de las ventas de las reservas no se ven. Hoy
quedan pequeños montículos de sal y en el pueblo un mal sabor por la
debacle en la empresa que fue su orgullo. Han sido los propios indígenas
wayúu los que han criticado a quienes los representan en la compañía y
aseguran que los malos manejos se ven reflejados en la mala situación
económica que vive el pueblo. Hoy culpan a los actuales administradores
de mala gestión y de supuestas irregularidades, por lo que reclaman la
intervención de los organismos de control y de las autoridades para
evitar que se “sigan dilapidando los recursos de la empresa, ya que son
cerca de dos mil familias que viven de la explotación de sal las que
sufren por esta situación”, dijo un indígena.
El último llamado
fue el pasado viernes, cuando los habitantes y los empleados de Sama
Ltda. protestaron y paralizaron la población para pedir claramente al
unísono que cambien al gerente y a toda la junta directiva. Quieren que
llegue alguien que tenga el conocimiento para poner a Manaure de nuevo
en el lugar de principal productor de sal del país. “La protesta fue
para pedir un alto en el camino y la intervención del Gobierno. Acá hay
dinero público y es hora de pedirles cuentas a los que manejan la
empresa. Lo paradójico es que la materia prima (agua de mar) es
inagotable y no hay producción”, dijo Robinson Ramos, presidente del
sindicato.
Se defienden
Ante los
señalamientos, Luis Arciniegas, presidente de la junta de socios de Sama
Ltda., dijo que esto no es culpa de la nueva administración. “El
invierno nos dio muy duro en 2010 y no pudimos mantener la producción.
Además, los que tenían esto antes no le quisieron invertir en
mantenimiento y hemos tratado de recuperar las instalaciones, pero hemos
tenido dificultades”, recalcó. Por su parte, Jorge Ibarra Gómez,
gerente de la empresa, dijo que “la producción ha sido variable. Hemos
estado en 200 mil toneladas, que se puede ver como baja, porque antes se
producía un millón. Antes, Leasing Concesión Salinas estuvo al frente
de este negocio y no hizo mantenimiento. Ese ha sido el motivo para la
baja producción”.
Arciniegas, presidente de Salinas de Manaure,
indicó recientemente que en los últimos dos años se han invertido casi
$3 mil millones en la restauración de los depósitos y la reparación del
sistema de bombeo, que sufrieron daños por el invierno de 2010, cuando
el desbordamiento del arroyo El Limón generó la pérdida de la producción
de ese año. Agregó que este año esperaban obtener una producción de 300
mil toneladas de sal; sin embargo, hasta la fecha, según los empleados,
han producido apenas 25 mil, con lo que la proyección indica que no
alcanzarán siquiera las 100 mil.
Pese a la defensa de los
directivos, para la comunidad hay hechos que van más allá del invierno y
de la falta de mantenimiento. Miembros del sindicato dicen que hay
algunos contratos de venta de producción que los organismos de control
deberían revisar, al igual que la venta a muy bajo costo de algunos
vehículos y maquinaria. También, los casos de contratistas que usan el
personal y la maquinaria de la compañía para ejecutar algunas obras y a
quienes se les paga como si hubieran contratado personal aparte, y el de
algunos compradores de sal que están pagando en efectivo, aunque el
dinero supuestamente no está en la contabilidad. Para los denunciantes,
estos hechos posiblemente afectaron las finanzas de la compañía.
En
medio del cruce de señalamientos, algo que refuerza la versión de los
actuales operadores es el balance general que dejó la anterior
administración de la salina. Un estudio que hizo en 2009 la firma
Trigono y que conoció El Espectador, reveló el déficit que arrastraba la
empresa años atrás y la inviabilidad del negocio, en caso de no tomar
acciones urgentes. Entonces se hizo la recomendación de aumentar el
precio de venta de la sal y rebajar los costos operacionales, sobre todo
de sus empleados en Bogotá; además, era clave hacer reparaciones de
infraestructura y maquinaria por casi $10 mil millones.
En el
informe se aseguraba que, de hacerse los cambios, se podría garantizar
la producción de casi 400 mil toneladas de sal al año, incluyendo la sal
artesanal que debían comprarle a los indígenas. Para entonces se
hablaba de pérdidas cercanas a los $7 mil millones al año. Es decir,
Sama recibió una empresa con serias dificultades, por lo que era
evidente la necesidad de un operador privado que pudiera sacar a flote
la empresa. A pesar de esto, no se ha podido elegir.
El último intento
El
último intento frustrado por contratar al operador privado fue en
febrero de 2010, cuando se abrió la licitación 001, en la que se
estableció el pliego de condiciones para contratar a quien se encargara
directamente de la empresa, bajo la condición de que el 75% de los
empleados tenían que ser de la población, así como de un mínimo de
producción anual y pagos sobre las ventas. En la licitación se anexaron
los estados financieros de los últimos seis años, un peritaje, un
diagnóstico y el listado de activos. Hubo tres empresas interesadas:
Colsalminas Ltda., Brinsa e Interamerican Coal S.A. Los proponentes
alcanzaron a hacer observaciones y la empresa a aclarar algunos términos
del pliego.
Sin embargo, el 25 de mayo de 2010, la junta
directiva conformada por la Alcaldía y los indígenas revocó el proceso.
El motivo: que el comité de vigilancia del Gobierno aprobó los pliegos
definitivos sin su autorización. “A pesar de la vigencia institucional
de dicho comité, no es conveniente para la imparcialidad y transparencia
del proceso que dicha decisión no la tomen los socios”, decía en el
acta 003, conocida por El Espectador. Desde entonces está suspendido
nuevamente el proceso.
“Acá lo que tenemos es un problema social
dentro del actual órgano directivo de la empresa y que es el motivo de
que la salina esté casi en la quiebra. Existe una pelea entre los
representantes de los grupos indígenas que son dueños de parte de las
acciones. El manejo que le están dando es casi de carácter personal y
esto genera una mala administración. El problema es para la empresa,
porque ahora que buscan a un operador privado, ¿quién va a querer
meterse con una empresa con tanto lío interno?”, expresó una persona
cercana a los directivos de Sama Ltda.
De acuerdo con la comunidad
y los propios empleados, al comprobar que los que hoy administran la
empresa no tienen conocimientos sobre el negocio, insisten en un
operador privado. “La empresa está en la quiebra y no hay cómo procesar
sal. Esta administración no ha producido ni una gota de salmuera y todos
los clientes se han ido a comprar a otro lado. Por la crisis de Sama
Ltda. se ha roto la columna vertebral de la economía de Manaure”, dijo
un trabajador.
Los indígenas wayúu de Manaure y los empleados
piden explicaciones. “Hoy lunes habrá una reunión que será como el día
del juicio, en el que dialogarán el sindicato, la comunidad y los entes
de control con los directivos, quienes tendrán que dar explicaciones”,
concluyó el presidente del sindicato. Esta comunidad, que por años
derivó su sustento del ‘oro blanco’ que se produce en La Guajira, espera
que el Gobierno ahora sí les preste atención, con el único fin de que
en los próximos años la empresa que fue orgullo de su región recupere su
lugar y no tengan que cargar con el sabor amargo de que los malos
manejos acabaron con su mina de sal.
Historia de conflictos
Detrás
de la salina más importante del país hay una historia de conflictos. El
que hoy los dueños sean las asociaciones indígenas y el municipio
obedece a un proceso que comenzó a finales de los 80, cuando los wayúu
de Manaure solicitaron al Gobierno la entrega de la empresa, que por
casi 20 años había estado en manos de la IFI Concesión Salinas. En 1991
se firmó un acuerdo en el que se pactaba la creación de una nueva
compañía de economía mixta, en la que el Ministerio de Desarrollo
tendría el 51%, la asociación de autoridades tradicionales indígenas
Sumain Ichi el 25% y la Alcaldía el 24%.
Ante el incumplimiento
del Gobierno, una tutela de la Corte Constitucional ordenó en 1995 la
creación de la sociedad. Sólo hasta 2002 se expidió la ley que
autorizaba la creación de una nueva empresa. Fue en 2004, es decir, 13
años después del pacto, que ésta se creó mediante escritura pública. En
ese momento el Ministerio de Desarrollo donó su participación a otras
dos asociaciones indígenas: Waya Wayúu y Asocharma.
Condición incumplida
Entre
las condiciones para la cesión estaba la contratación del operador
privado. Como en 2007 aún no se había cumplido con ella, el Ministerio
de Desarrollo cambió unilateralmente la escritura de la empresa y
recuperó su participación. Esto dio origen a un conflicto que fue
resuelto en un laudo arbitral en el que el juez calificó de ilegal la
acción del ministerio y ordenó dejar en firme la escritura de 2004.
Desde
entonces continúa la lucha por la autonomía de los indígenas en el
manejo de la compañía, pero se mantiene firme, aunque incumplida, la
condición de contratar a un operador privado.
TOMADO DE EL ESPECTADOR. 06 - 05 - 2012
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