Hay lugares que son considerados una auténtica pesadilla para el orden nacional: lugares de frontera habitados por gentes semisalvajes, extranjeros, contrabandistas y traficantes que habitan un mundo sin Ley y amenazan la estabilidad global.Estereotipos de esta clase se arraigan en la percepción colectiva y se convierten en una etiqueta perversa y elemental. Maicao es uno de esos lugares.Es el blanco predilecto de un conjunto de medidas políticas y aduaneras usualmente injustas con su población e incongruentes con las tendencias del comercio mundial.El Gobierno Nacional tomó una serie de medidas durante el pasado mes de junio que afectaban a los importadores de licor no solo de Maicao, sino también del resto de puertos, aeropuertos y lugares de arribo de mercancías.La medida fue tomada ante las protestas de las licoreras departamentales que se quejaron de un descenso en el consumo de licores nacionales por parte de los colombianos y consideraban que las importaciones de whisky y otros licores realizadas por la Península eran la causa de que los nuevas generaciones de consumidores no prefiriesen el aguardiente.Ante la indignación de los importadores nacionales de licor afectados por la medida el Gobierno decidió, a través del Decreto 3038, que solo las bebidas alcohólicas importadas, por la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure, deberán portar una banda o etiqueta en un lugar visible.De esta manera los importadores del resto del país continuarán beneficiándose del libre comercio mundial y los guajiros continuarán históricamente excluidos de este por medidas restrictivas más cercanas a las que regían durante la colonia que a las que contempla la Organización Mundial del Comercio.Un reciente estudio de la historiadora Muriel Laurent llamado ‘Entre resistencia y reproducción: el contrabando en Colombia durante el siglo XIX (1821-1886)’ plantea que las verdaderas raíces del contrabando están estrechamente vinculadas con las dificultades de construcción de un Estado moderno y eficiente sobre el conjunto del territorio nacional y como hay fuertes contradicciones entre discurso oficial y práctica social. Medidas como las incluidas en el Decreto 3038 nos muestran el porqué las instituciones colombianas tienen una vigencia y legitimidad desigual en todo el territorio nacional y como las inequidades en materia de ejercicio de derechos civiles adquieren en la práctica contrastes verdaderamente dramáticos.La última década no ha sido especialmente benéfica para Maicao en materia económica y social. En 1993 el 58% de su población, unas 103.000 personas, tenía necesidades básicas insatisfechas o se encontraba en condiciones de pobreza.En el 2005 esta cifra aumentó al 68.28%. Ciertamente estas medidas no les ayudarán. El ambiente que se vive en La Guajira es de tensión e indignación frente a los agentes del Estado central que al parecer no consideran a sus habitantes como verdaderos connacionales, por ello no desean seguir siendo la cabeza de turco de los oligopolios del país.
PUBLICADO EN EL HERALDO.COM 14/09/08


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